Desde la estructura de su sistema, hasta las penas que se pueden recibir por cometer un delito, pasando por los derechos que tienen los acusados.
Estas leyes establecen los procedimientos y los requisitos para solicitar la extradición de una persona y para decidir si se concede o no.
Es importante que los países trabajen juntos para establecer acuerdos justos y respetar los derechos humanos en todos los casos de extradición.
Los casos de extradición en Dinamarca son un recordatorio de la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional.
Además, de tales Thoughts se infiere un complete desprecio y desconocimiento del papel que juega y ha jugado históricamente el derecho internacional consuetudinario en la construcción de fuentes escritas del derecho de gentes como los tratados, la doctrina de los juristas y publicistas y, por supuesto, la jurisprudencia internacional.*
El autor del sumario hace cuatro advertencias al lector que es importante tener en cuenta para un mejor manejo de la obra y un acercamiento a la mecánica de su manejo. Primero, señala que los títulos o textos que se encuentran entre corchetes no forman parte del contenido de los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales que componen el sumario, pues se trata de una sinopsis de los artículos, ello con el objeto de facilitar al lector la localización de las disposiciones que lo conforman. Segundo, advierte sobre la incorporación de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, de Argentina, pues este país decideó por legislar en materia extradicional para el efecto de que cualquier Estado pueda reclamar a un sujeto, cumplimentando siempre los requisitos legales establecidos en el orden interno.
- El derecho a un juicio justo: los acusados tienen derecho a un juicio justo y a ser juzgados por sus iguales.
Hay consenso entre los estudiosos más destacados del derecho de gentes en considerar a la extradición como la más elaborada, típica e importante de las reglas internacionales en materia de cooperación penal internacional. Se trata de una de las instituciones mayormente estudiadas en la doctrina universal; es una institución ampliamente juzgada y justificada en su fundamento, y ahora inclined de desarrollo y de nueva aplicación a pesar de las reservas que se han suscitado, y no obstante la variedad y heterogeneidad de sus manifestaciones.
La obra in comento representa un buen esfuerzo de recopilación, acomodo navigate here y sumarización de los distintos ordenamientos legales e instrumentos que se utilizan en la actualidad Source para darle vida al procedimiento de extradición. Aunque no se trata de una obra analítica ni de estudio o discusión doctrinal sobre esta compleja institución jurídica de cooperación penal internacional, es un valioso auxiliar de referencia y consulta que cuenta con todos los tratados bilaterales vigentes suscritos hasta ahora por México, convenios y convenciones internacionales especializadas y relativas a los delitos y crímenes objeto del derecho internacional penal, y que cuenta, además, con una guía temática para facilitar la identificación de las disposiciones, así como con una basta selección de criterios jurisprudenciales emitidos por la SCJN y de los Tribunales Colegiados de Circuito, un glosario y bibliografía referente, pero insuficiente —hay que recalcarlo—sobre el tema de la extradición.
Los países de la región han establecido tratados de extradición entre ellos y con otros países, y han cooperado en la entrega de personas acusadas de delitos graves.
¿Se violan los derechos humanos de la persona si se le extradita por un delito que no es ilegal en Check This Out su propio país?
Además, es necesario que exista una orden de aprehensión o una sentencia condenatoria en firme en el país solicitante. También es importante que se presente la documentación necesaria que acredite la identidad de la persona a extraditar y los delitos por los que se le acusa.
Más allá de los grandes instrumentos jurídicos en materia de delitos y crímenes internacionales en los que se establece la obligación de los Estados de perseguir, sancionar o extraditar a los responsables individuales de tales conductas, la comunidad internacional aún carece de un instrumento jurídico de autoácter mundial en materia de extradición; los pasos más importantes al respecto se han dado en el ámbito regional mediante la adopción de la Convención Interamericana de Extradición de 1933 y de la de 1981, y el Convenio Europeo de Extradición de 1957.
El caso de Puigdemont fue un recordatorio de la complejidad de los procedimientos de extradición y la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional.